La Contraloría General de la República se negó a dar curso a una resolución del Instituto Nacional de Geriatría, mediante la cual se aplicaba medida disciplinaria a un ex funcionario de dicha institución, al estimar que no se ajusta a derecho.
En su pronunciamiento la Contraloría expuso que considera vulnerado los principios de congruencia y tipicidad, al constatar que el acto representado “expresa que se formulan cargos”, mas “lo cierto es que no describe el hecho que configuraría la infracción administrativa que se le imputa al aludido servidor, circunstancia que infringe lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 140 de la ley N° 18.834, que dispone que ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos”.
Asimismo, señala que en esas condiciones la medida disciplinaria de destitución, “importa tanto un prejuzgamiento de las actuaciones del empleado, desde el instante que aún no ha podido ejercer su derecho a defensa, como una transgresión de los principios de objetividad y de imparcialidad que debe observar el investigador”, según lo ha señalado reiteradamente su jurisprudencia.
Concluye ordenando que “se disponga la reapertura del proceso sumarial”.
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