La creación de una comisión destinada a estudiar materias
relevantes para el Poder Judicial en una eventual reformulación de la
Carta Fundamental es uno de los principales acuerdos adoptados en las Jornadas
de Reflexión 2015 de la Corte Suprema, que concluyeron hoy domingo 25 de octubre
en las Termas de Jahuel.
En la cita participaron, además del presidente del tribunal, los
ministros Hugo Dolmestch, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Haroldo Brito,
Guillermo Silva, Rosa María Maggi, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Juan
Eduardo Fuentes, Lamberto Cisternas, Carlos Aránguiz, Andrea Muñoz, Carlos
Cerda, Jorge Dahm y el ministro suplente Alfredo Pfeiffer.
Junto con ello se resolvió convocar a una mesa de trabajo
participativa para las asociaciones gremiales y todos los estamentos de la
entidad tendientes a analizar y dar cauce a los distintos planteamientos que
estas agrupaciones de funcionarios han presentado al Pleno de la Corte.
En el encuentro, los 16 ministros que participaron en la reunión
de tres días discutieron aspectos relativos al gobierno judicial, especialmente
en materias de calificaciones y nombramientos; debatieron los planteamientos
realizados por las cuatro asociaciones gremiales del Poder Judicial y dedicaron
buena parte del sábado 24 al tema denominado "La jurisdicción a 20
años". Las autoridades consideraron relevante desarrollar la tarea de
análisis ante una eventual reformulación de nuestra Carta Fundamental, por lo
que se resolvió "conformar una comisión para consolidar el estudio de las
distintas materias que se estimen oportunas, relevantes y pertinentes de
examinar, no sólo en lo referente a la función eminentemente jurisdiccional,
sino a los demás tópicos relativos al Poder Judicial que sean materia de la
preceptiva constitucional".
Esta comisión estará integrada por un miembro de cada una de las Salas
de la Corte, pudiendo participar, además, cualquier ministro que tenga interés.
En esta materia, además, se resolvió que la comisión se ocupe
prioritariamente de establecer "los principios que deben servir de guía al
diseño del Poder Judicial a nivel constitucional, debiendo evaluar,
especialmente, aquellas temáticas relativas a su rol y funciones en la sociedad
y el Estado, el nombramiento de los magistrados que integran los tribunales
superiores y el cese extraordinario de funciones de estos, entre otras".
Junto con ello, se resolvió -además- continuar los programas de difusión
y educación cívica sobre el quehacer del Poder Judicial "abordando
con especial énfasis lo relativo a sus competencias y funciones. Ello, con
miras al futuro estudio de aquellas materias que serán motivo de regulación
constitucional".
MESA DE TRABAJO
El Pleno de la Corte Suprema resolvió instalar una mesa de trabajo que
se dedique a estudiar los diversos planteamientos hechos por las asociaciones
gremiales relativas a variados aspectos de gobierno judicial, cargas laborales
y condiciones de trabajo. Esta mesa de trabajo estará integrada en su
estructura básica por el presidente de la Corte Suprema, dos ministros (a) de
este tribunal (se eligió a Jorge Dahm y Lamberto Cisternas), un ministro (a) de
Corte de Apelaciones, representantes de las cuatro asociaciones gremiales,
representantes de todos los estamentos del Poder Judicial, el director (a) de
la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el director (a) de Estudios
de la Corte Suprema.
CALIFICACIONES Y NOMBRAMIENTOS
En materia de calificaciones, el Pleno de la Corte Suprema reiteró su
opinión de que el sistema de calificaciones -actualmente consagrado en el
Código Orgánico de Tribunales- no permite cumplir con la finalidad propia de
las herramientas de evaluación de desempeño laboral, especialmente en el nivel
de eficiencia del personal durante un período determinado y que, además, en lo
que se refiere "a los parámetros y bandas para la calificación de los
miembros del Poder Judicial, se clarifica que el órgano encargado de calificar
a los integrantes de este poder del Estado es siempre y en toda circunstancia,
el que establece el Código Orgánico de Tribunales para cada caso". El
acuerdo señala que "el sistema actualmente implementado tiende a
restringir las funciones de calificación ejercidas de manera simplemente
potestativa o discrecional, favoreciendo a los calificados con una nota
estándar de 6,70, la cual sólo podrá ser modificada mediante fundamentos objetivos
por parte del calificador".
Por ello, se aclaró que si bien es la Comisión Precalificadora la
que asigna un puntaje inicial a todos los calificados, todos ellos pasan
a la etapa de calificación del órgano dispuesto por ley; que cuando los
ministros soliciten fundadamente que se evalúe a determinados funcionarios,
dicha petición deberá hacerla a través de la Comisión Precalificadora; y que
los parámetros y bandas de calificación establecidos en el acta 142-2015 son
meramente referenciales y no taxativos, "de manera tal que los órganos
calificadores y las Comisiones Precalificadoras podrán considerar uno o más de
estos criterios, u otros, que concurran en el caso particular del que se
encuentren conociendo".
En materia de nombramiento, también se adoptó un acuerdo que modifica la
normativa vigente desde el año pasado. El Pleno consideró que "las
personas que se incorporan al Programa de Formación para Postulantes a Cargos
del Escalafón Primario del Poder Judicial necesariamente han debido superar una
fase previa de evaluación psicológica que califica su idoneidad en dicho ámbito
subjetivo vinculado a las particularidades de la especialidad en la que se
aspira a ser capacitado". Y recogiendo también que existe una
significativa proporción de postulantes al Escalafón Primario que se presentan
habiendo cursado el referido Programa de Formación impartido por la Academia
Judicial, se resolvió que "es dable concluir la conveniencia de prescindir
de la aplicación del examen psico-laboral antes aludido en los respectivos
concursos, toda vez que la progresiva incorporación de candidatos que han
egresado del citado programa torna en sobreabundante la utilización de la
antedicha herramienta de evaluación, cuya supresión permitirá, además,
disminuir los tiempos de tramitación de los procedimientos para proveer tales
cargos".
Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.
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