La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Farmacias Ahumada S.A. por
infracción a la Ley del Consumidor al no respetar un acuerdo compensatorio firmado
con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), al que se había alcanzado
entre la empresa y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el marco del proceso
por colusión en que estuvo involucrada la cadena farmacéutica. La condena es al
pago de más de $600.000.000.- (seiscientos millones de pesos) y una multa de 50
UTM (unidades tributarias mensuales), por no respetar dicho acuerdo.
La sentencia del tribunal de alzada considera que la empresa se
comprometió a respetar plenamente el acuerdo alcanzado; compensar a todos los
clientes afectados por la fijación de precios de 220 medicamentos, compromiso
que fue difundido ampliamente a través de campañas publicitarias.
"Llama la atención de estos juzgadores que la comentada estimación,
que al decir de la proveedora fue diseñada, gestada, implementada y operada por
ella con metodología científica, haya sido tan insuficiente o errática, pues no
existe controversia cuanto a que la anunciada cantidad no ha sido restituida.
Según la demandante, habría un rezago de seiscientos diez millones de pesos ($
610.000.000). Según la demandada, a ese monto habría de restarse cuatrocientos
diez millones de pesos ($ 410.000.000) provenientes de operaciones comerciales
sucedáneas al vencimiento del plazo fijado en el compromiso, destinadas a
continuar con el método de reembolsos. El monto del faltante no fue materia
incluida en la contestación de la demanda, pero no está demás precisar que, sin
embargo de la muy abundante instrumental tenida a la vista, la especie relativa
a la compensación adicional de la cifra de cuatrocientos diez millones de pesos
no puede tenerse por establecida, en ausencia en aquélla de informaciones lo
suficientemente persuasivas como para asociarlas a lo que se discute (…) Carece
de seriedad presentar a la comunidad toda y a la de los consumidores en
particular, un anuncio profusamente difundido, sobre la "dadivosa"
actitud de quien promete restituir lo mal habido por un monto que, a la hora de
su concretización, dista de ser verdadero. La precedente aseveración de
"profusa publicidad" no constituye un antojo de la Corte, pues ella
consta en numerosas publicaciones de prensa realizadas por la empresa a partir
del dieciséis de abril y hasta el mes de junio de dos mil nueve -que no se
estima del caso desmenuzar, dada la notoriedad de esa circunstancia- en las que
dice haber gastado setenta y dos millones quinientos veinticuatro mil
setecientos treinta y cinco pesos ($ 72.524.735), aparte de las inserciones en
prácticamente todos los sitios de Internet de la red nacional, en las que
expresa haber invertido ocho millones ochocientos cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y cinco pesos ($ 8.804.445).
No es la comentada una eximente aceptable del incumplimiento del mandato del
referido artículo 12 de la Ley 19.946, de cara a respetar los términos de la
oferta", sostiene el fallo.
La resolución agrega: "La defensa sostiene que le era imposible
determinar el conjunto de consumidores afectados. De aceptarse tal predicamento
querría decir que al asumir el compromiso de reembolso Fasa desconocía el
alcance del mismo o lo hacía con la deliberada intención de eludirlo, por
imposibilidad de definir sus destinatarios; peor aún, excusándose
tangencialmente en la venia que le habría brindado el Sernac. Obviamente Fasa
no puede endosar a los consumidores por ella primigeniamente afectados, la
carga de la responsabilidad post contractual que le incumbe, al extremo de
espetar que le "Resulta verdaderamente sorprendente que la empresa que
colabora con la justicia y hace todo lo que está a su alcance para recuperar la
confianza de los consumidores sea, precisamente, la que deba soportar el
accionar legal del SERNAC." Esta tesis tolera el absurdo de una
compensación actuada al nivel de un peso ($ 1). Es posible que ello se explique
porque en rigor de verdad el móvil de la empresa proveedora no era el
compensatorio, sino el de salvar su imagen y reposicionarse en el rubro, cual
ella misma lo deja entrever, no sólo en parte del pasaje de la contestación de
la demanda que viene de copiarse, sino en otros como: "a medida que fue
transcurriendo el tiempo, nuestra representada se dio cuenta de que los
esfuerzos que había realizado originariamente para recuperar la confianza de
sus consumidores no eran suficientes, por lo que optó por modificar las
coberturas del Plan, aumentándolas en varias ocasiones.", una vez
expirados los plazos del compromiso y sin la validación del Sernac, como lo
confiesa la proveedora en carta respuesta a ese organismo contralor, de
veintisiete de noviembre de 2.009, también tenida a la vista: "Lo anterior
demuestra el gran esfuerzo y el empleo de recursos y logísticas diferentes y
adicionales para lograr una mayor cobertura en su presentación y acceso al
público, de las que se realizan habitualmente en las campañas de marketing. No
estaba previsto en el Plan que FASA debiera validar o contar con la conformidad
expresa de ese Servicio, ni antes ni menos con posterioridad a la
actividad".
Por lo tanto, en la parte resolutiva se concluye que:
"A. Farmacias Ahumada S. A. infringió el artículo 12 de la Ley 19.496.
B. Como consecuencia de ello se la condena al pago de una multa equivalente a
cincuenta unidades tributarias mensuales (50 UTM).
C. Por lo mismo, se la obliga a consignar en la cuenta corriente del tribunal
de la instancia, en provecho del colectivo representado por el Servicio
Nacional del Consumidor, la cantidad de seiscientos diez millones de pesos ($
610.000.000), con el indicado reajuste, dentro de trigésimo día a partir de la
ejecutoriedad de lo presente, los que quedarán a disposición de los
comparecientes de fs. 144 y de quienes hagan valer su derecho compensatorio al
tenor de los incisos segundo del artículo 54 y primero del 54 C, además del 54
D, todos de la Ley 19.496, en favor de los que se decretará los giros
consecuentes"
También a la cadena farmacéutica se le condenó en las costas de la
causa.
Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.
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